IMPUGNADA LA LEY DE ACTUALIZACIÓN
TRIBUTARIA
Dos cámaras empresariales plantearon
ayer en la Corte de Constitucionalidad (CC) cuatro acciones de
inconstitucionalidad contra 15 artículos de los decretos 4-2012 y
10-2012, que contienen la Ley de actualización tributaria.
CIUDAD DE GUATEMALA –
A las 10 horas, los presidentes de las cámaras de
Comercio, Jorge Briz, y del Agro, José Santiago, llegaron al máximo
tribunal para entregar los memoriales que contenían las impugnaciones.
Los
empresarios se hicieron acompañar de los abogados Mario Fuentes Destarac y José
Quesada Fernández, este último ex magistrado suplente de la CC.
Evidencian errores
En
primer término, Briz señaló que con esas acciones se pretende corregir “graves
errores contenidos en estas leyes, que ya están afectando a todos los
guatemaltecos”.
Afirmó
que la vigencia de las normativas genera “graves daños económicos al país, los
cuales provocarán desempleo y el aumento de la pobreza”.
Precisó
que son 15 artículos impugnados, divididos en cuatro memoriales, dos de ellos
son del decreto 10-2012, que contienen ocho temas.
Los
otros dos documentos se refieren a siete temas del decreto 4-2012, que aún
permanecen vigentes.
Para
el primero de los casos, citó como ejemplo los pagos trimestrales que
deben efectuar las empresas.
“Estos
pagos dejan sin liquidez a los negocios, y efectivamente puede ser que cierren
por ese artículo”, sostuvo.
También
impugnaron la transferencia de los bienes inmuebles, por ejemplo la venta
de casas y terrenos.
“No
permite que en Guatemala se puedan hacer transacciones de bienes
inmuebles legítimamente, por lo complicado de las leyes y las altas tasas
tributarias”, dijo el empresario.
En impasse
En
torno a la mesa técnica de diálogo entre el sector empresarial y la
Superintendencia de Administración Tributaria, Briz se mostró esperanzado
en que el Ejecutivo envíe las modificaciones al Congreso.
Sin
embargo, reveló que las mismas observaciones que hacen en esa discusión se
presentaron el año pasado, y no se atendieron.
“Pero
en el intermedio, mientras que ellos —el Ejecutivo— no resuelven y no llegan
los proyectos de ley al Congreso y este los aprueba, las leyes están vigentes”,
explicó Briz.
Por
tal razón, señaló que paralelamente al diálogo se interpusieron las cuatro
acciones para que la CC las resuelva de manera positiva.
También el agro
Santiago,
en representación del sector agrícola, subrayó que el Consejo de la Cámara del
Agro, formado por 13 gremios, pidió la impugnación del decreto 10-2012.
“El
agro tiene en su mayoría pequeños, medianos y pocos grandes agricultores, y
resulta difícil para un finquero hacer los cierres trimestrales, y al no
cumplir deberá pagar 2.48 por ciento de lo que vende”, expuso Santiago.
Contra traspasos
Stuardo
Ralón, abogado del sector empresarial, refirió que en relación con los
vehículos, lo que se impugnó ayer fue la tabla para el cálculo de
impuesto por compraventa de automotores nuevos y usados.
Señaló
que aún analizan la posibilidad de impugnar la próxima semana lo referente al
impuesto de circulación de vehículos, cuando presenten otras
inconstitucionalidades.
“En
vehículos, una persona tiene que pagar el impuesto de circulación, cuando es
propietario. Y el otro cuando se hace una compraventa”, detalló.
Ralón
se mostró esperanzado en que las impugnaciones planteadas ayer no corran la
misma suerte y que la CC suspenda estos cambios, porque constituyen un
agravio a la población y no solo al sector empresarial.
Pérez, confiado
El
presidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra en Davos, Suiza, se refirió a
las acciones del sector empresarial en la CC.
“No
necesariamente mancha la imagen en el exterior de Guatemala, sabemos que en
otros países ha pasado una situación similar. Ellos —los empresarios— tienen su
derecho, como todos los guatemaltecos, de presentar por la vía legal sus
inconformidades”, expresó el mandatario, en una videoconferencia.
Refirió:
“Esperamos nosotros que la CC, ojalá, resuelva a favor —del Ejecutivo—. Pero
nosotros vamos a respetar de todas maneras la resolución que dé la CC. Estamos
en un régimen de legalidad, en donde respetamos el estado de Derecho, y
nosotros, como autoridades, también estamos sujetos a respetar los fallos, en
este caso del máximo tribunal”.
Antecedente
Ralón
explicó que se impugnaron artículos del decreto 4-2012, debido a que se
mantienen vigentes y son inconstitucionales.
Reveló
que a raíz de una impugnación de la Cámara del Agro, en julio del 2012,
el máximo tribunal dejó en suspenso lo relativo a la simulación fiscal.
Aclaró
que aún está pendiente que se emita el fallo definitivo.
Cabe
mencionar que las cuatro acciones que planteó el partido Libertad
Democrática Renovada (Líder) el año pasado contra el decreto 4-2012
no han sido resueltas en definitiva y no fueron suspendidos los artículos
impugnados.
Además,
el 2 de enero pasado, Líder planteó una inconstitucionalidad contra el
decreto 10-2012, en donde se incluyó la tabla del impuesto de circulación de
vehículos. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que no era oportuno
suspender esa norma.
De
igual manera, la acción presentada por Fernando José Enríquez Escobedo contra
varios artículos sigue su trámite, sin suspender la legislación.
Deberán
transcurrir ocho días para que el pleno de magistrados de la CC conozca las
impugnaciones y determine si se suspende la vigencia.
Inconstitucionalidad
Es
una acción que se plantea cuando una ley ordinaria colisiona o violenta
la Constitución. La Corte de Constitucionalidad determina si
procede suspender esa legislación impugnada, antes de emitir un fallo
definitivo.
SAT prepara defensa
Abelardo
Medina, intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), explicó ayer que comenzarán a trabajar en los
argumentos de defensa para mantener en vigencia las nuevas
medidas tributarias.
“Vamos
a analizar el contenido de los recursos cuando seamos notificados”,
subrayó.
El
técnico expuso que los agentes económicos adoptan esas medidas
porque hace falta mejorar los mecanismos de comunicación, cuando en el fondo se
trata de una mala interpretación.
Medina
informó que las nuevas medidas tributarias presentan algunos problemas de
redacción que deberán ser corregidos.
“La
acción que se interpuso en la Corte de Constitucionalidad es parte del
ejercicio democrático del país y las cámaras empresariales tienen el derecho de
realizarlo”, enfatizó.
El
intendente añadió que la implementación del paquete tributario para el 2013
está vinculada a la recaudación fiscal esperada en el supuesto de la
vigencia de las normativas.
Límite a deducciones
Jorge
Briz, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que se accionó contra
las limitaciones a prestaciones de los trabajadores, como el
bono 14, vivienda y construcción. “Los errores corresponden a la deficiencia
del Estado”, dijo.
Respetará decisión
El
presidente Otto Pérez Molina dijo que respetará la resolución de la CC.
“Nosotros
como autoridades también estamos sujetos a respetar los fallos, en este caso
del máximo tribunal”, expresó el gobernante.
